Los convenios administrativos en la Ley 40/2015 (LRJSP)
Guía visual de los artículos 47 a 53 de la LRJSP sobre convenios administrativos.
- ✓Concepto, límites y tipos de convenios
- ✓Requisitos de validez y eficacia
- ✓Contenido mínimo obligatorio
- ✓Tramitación, informes y autorizaciones
- ✓Extinción, liquidación y reintegros
- ✓Control del Tribunal de Cuentas
Este recurso sintetiza la regulación esencial de los convenios administrativos: concepto, límites, clases, requisitos de validez, contenido mínimo, tramitación, vigencia, extinción, liquidación y control. También recoge los principales plazos y obligaciones económicas que deben tenerse en cuenta.
Qué son los convenios administrativos
Los convenios administrativos son acuerdos con efectos jurídicos destinados a un fin común. Pueden celebrarse entre Administraciones públicas, organismos y entidades del sector público, universidades públicas o sujetos privados, siempre que existan compromisos jurídicos concretos. No tienen la consideración de convenios los simples protocolos o declaraciones de intención sin obligaciones exigibles. Cuando el contenido del acuerdo responde realmente a prestaciones propias de un contrato, debe aplicarse la legislación contractual correspondiente. Esta distinción resulta esencial para determinar correctamente el régimen jurídico del instrumento elegido.
Tipos de convenios administrativos
La LRJSP contempla convenios interadministrativos entre distintas Administraciones o entidades, convenios intradministrativos dentro de una misma Administración, acuerdos con sujetos de derecho privado y convenios internacionales que no tengan naturaleza de tratado. Identificar el tipo de convenio permite concretar las partes intervinientes, la normativa aplicable, los controles necesarios y el órgano competente para su aprobación y seguimiento.
Requisitos de validez y eficacia
La celebración de un convenio debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios o servicios públicos y respetar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Las partes han de ser competentes y los órganos firmantes deben estar debidamente habilitados. Los compromisos económicos asumidos deben ser sostenibles durante toda la vigencia del acuerdo. Además, las aportaciones financieras no pueden superar el coste de ejecución de las actuaciones convenidas.
Contenido mínimo de un convenio
Todo convenio debe identificar a las partes y acreditar su capacidad jurídica. También debe definir la competencia que fundamenta la actuación, el objeto del acuerdo, las obligaciones asumidas, los compromisos económicos y los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. El documento debe regular igualmente las consecuencias del incumplimiento, los criterios de indemnización, el régimen de modificación y su plazo de vigencia. Como regla general, la duración máxima es de cuatro años, con posibilidad de prórroga por acuerdo unánime por un periodo adicional de hasta cuatro años.
Tramitación y suscripción del convenio
Antes de firmar el convenio debe elaborarse una memoria justificativa que analice su necesidad, oportunidad, impacto económico y carácter no contractual. La tramitación puede exigir informes jurídicos, autorizaciones, fiscalización previa u otros controles según la Administración y el tipo de convenio. En el ámbito estatal, determinados convenios requieren autorización previa del Ministerio de Hacienda, informe de política territorial o controles adicionales cuando intervienen fondos, entidades locales o compromisos financieros específicos.
Modificación, duración y extinción
Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones previstas o por incurrir en una causa de resolución. Entre estas causas se encuentran el transcurso del plazo de vigencia, el acuerdo unánime, el incumplimiento de obligaciones, una resolución judicial o cualquier otra causa prevista en el propio convenio o en la ley. Cuando se produzca un incumplimiento, cualquiera de las partes puede requerir su corrección dentro del plazo establecido. Si la situación persiste, el convenio podrá resolverse conforme al procedimiento acordado.
Liquidación y efectos económicos
La resolución del convenio da lugar a su liquidación, con el objetivo de determinar las obligaciones pendientes y los compromisos económicos de cada parte. Si una parte ha aportado fondos por encima de lo ejecutado, deberá reintegrarse el exceso correspondiente. El plazo máximo para realizar el reintegro es de un mes desde la liquidación. Si existe retraso, se devengarán los intereses de demora previstos en la normativa de gasto público.
Remisión al Tribunal de Cuentas
Los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros deben remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas o al órgano externo de fiscalización autonómico competente. La remisión debe efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la suscripción. También deben comunicarse las modificaciones, prórrogas, cambios de plazo, alteraciones de los importes y la extinción de estos convenios. Los órganos fiscalizadores pueden solicitar, además, cualquier dato, documento o antecedente relacionado con contratos y convenios de cualquier naturaleza o cuantía.
Domina la regulación de los convenios administrativos con un recurso visual, claro y orientado a la consulta rápida. El contenido recorre desde su concepto y naturaleza jurídica hasta las condiciones necesarias para su validez, los órganos competentes, el régimen financiero y las cláusulas mínimas que deben incluirse. La guía destaca además los aspectos que suelen generar más dudas: duración máxima de cuatro años y posible prórroga, informes y autorizaciones previas, causas de resolución, liquidación de obligaciones, reintegro de excesos y finalización de actuaciones en curso. Por último, explica cuándo debe remitirse un convenio al Tribunal de Cuentas: dentro de los tres meses siguientes a su firma cuando los compromisos económicos superen los 600.000 euros, así como las modificaciones, prórrogas, cambios de importe y extinción posteriores.
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