Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (art. 1). Su carácter es transversal: la igualdad debe permear todas las políticas y actividades.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA (art. 6.1): se da cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo. El criterio diferenciador ES el sexo. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (art. 6.2): se da cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto del otro, salvo que esté justificada objetivamente con una finalidad legítima y los medios sean adecuados y necesarios. El criterio es aparentemente neutro pero produce desventaja sistemática.

ACOSO SEXUAL (art. 7.1): cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (art. 7.2): cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona (no de naturaleza sexual) con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ambos se consideran discriminatorios y son infracción muy grave.

Medidas específicas en favor de las mujeres (o de otros colectivos en situación de desigualdad) para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho. Son TEMPORALES (aplicables mientras subsista la desigualdad), RAZONABLES y PROPORCIONADAS. Pueden adoptarlas tanto los Poderes Públicos como las personas físicas y jurídicas privadas. Ejemplos: reservas de plazas en formación, ayudas a emprendedoras, cuotas en órganos de representación. El TC y el TJUE las han avalado.

Tras la reforma del RDL 6/2019, son OBLIGATORIOS en empresas de 50 o más trabajadores. También cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable o cuando la autoridad laboral lo acuerde en un procedimiento sancionador en sustitución de las sanciones accesorias. En el resto de empresas son voluntarios. Su elaboración requiere negociación previa con la representación legal de los trabajadores y se inscribe en un registro público.

Composición equilibrada (DA 1ª de la LO 3/2007): presencia de mujeres y hombres en órganos colegiados de modo que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Aplica a órganos de selección (tribunales de oposición, mesas de contratación, jurados, comisiones consultivas, órganos colegiados de las AAPP) y, por extensión, a órganos directivos del sector público estatal. Es uno de los datos más preguntados en oposiciones.

Tras las reformas (RDL 6/2019 y normas posteriores), el permiso por nacimiento es de 16 SEMANAS para CADA progenitor (no transferible). Las primeras 6 semanas son obligatorias, ininterrumpidas y a tiempo completo, inmediatamente después del parto. Las 10 semanas restantes pueden disfrutarse en períodos semanales dentro de los 12 meses siguientes. Mismo régimen para adopción y acogimiento. La equiparación entre madres y padres es uno de los avances más significativos en empleo público.

Establecido en el art. 15: los Poderes Públicos integrarán el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con carácter transversal, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. La igualdad no es una política sectorial: es un criterio que debe atravesar todas las políticas públicas, incluida la evaluación de impacto de género obligatoria en anteproyectos normativos (art. 19).

Tres principales: 1) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE IGUALDAD (art. 76), órgano colegiado de coordinación entre Departamentos ministeriales; 2) UNIDADES DE IGUALDAD (art. 77), en cada Ministerio, encargadas de impulsar y supervisar la aplicación de la transversalidad; 3) CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER (art. 78), órgano de consulta y participación de la sociedad civil organizada. A nivel autonómico y local, cada Administración crea sus propios órganos siguiendo este modelo.

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